Eficiencia vs. especialidad: las dudas del mercado por la ampliación de los límites de fiscalización del SII en la Región Metropolitana

Fue comentario obligado entre expertos tributarios y contadores.

La publicación de Diario Financiero de este lunes, donde daba a conocer una resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que ampliaba los límites de operación de los fiscalizadores del organismo en la Región Metropolitana, generó debate entre los especialistas.

¿La razón? Hay quienes ven que esto ayudará a descongestionar la actividad en algunas direcciones regionales con alta concentración de casos y contribuyentes de mayor tamaño, como la del sector oriente; mientras que otros ven complejidades por el trabajo específico de ciertas regionales y la posibilidad de que exista una colisión con los derechos de los contribuyentes.

La resolución, de fecha 4 de octubre, establece que los funcionarios del SII en la capital podrán relacionarse y ejecutar acciones de fiscalización sobre contribuyentes que estén domiciliados en territorios distintos a la dirección regional del fiscalizador.

Especialización del fiscalizador

El resultado de la medida dependerá de la manera en que la Subdirección de Fiscalización del SII aplique esta nueva potestad, señala el socio de Kunstmann Spiess, Matías Kunstmann, debido a que en ciertas regionales se han desarrollado un grado de especializaciónpor el tipo de contribuyentes que operan en cada unidad territorial.

“En Santiago Oriente están domiciliadas la mayoría de las casas matrices de empresas extranjeras, por lo que naturalmente esa dirección regional tiene mucha experiencia en los temas impositivos propios de esas empresas, los que son distintos a los de una PYME. Para que esta medida contribuya a mejorar la efectividad y calidad de las fiscalizaciones, sería necesario tener en consideración este criterio de especialidad en la asignación de los casos”, señala.

La abogada de Recabarren & Asociados, María Jesús Barrientos, argumenta que el cambio normativo podría generar una “mayor celeridad en la distribución y desenlace de los procesos de fiscalización”, atendida la carga de trabajo que posee cada una de las cinco divisiones de la RM.

Sin embargo, plantea, aquello podría suponer un “cambio de criterio” en la resolución de ciertas revisiones, lo que implicaría una “desventaja” para los contribuyentes, cambiando el tratamiento histórico de algunos procesos de fiscalización: “Ese cambio provocará incerteza y una evidente afectación a sus derechos”, dice.

Desde el punto de vista del contribuyente, la resolución podría tener un impacto positivo, ya que las fiscalizaciones deberían ser mucho más “rápidas y eficientes”, argumenta el socio de Cabello Abogados, Michel Aguilera. Eso sí, dice que es “necesario” considerar algunas complejidades de esta medida, ya que “podría significar que los contribuyentes se vean enfrentados a criterios e interpretaciones dispares en cada una de las fiscalizaciones que se le realicen”.

Para el gerente de Impuestos de AK Contadores, Ricardo Cid, es claro que el SII tiene “problemas” en algunas direcciones regionales para los procesos de fiscalización, alcanzando en la práctica hasta seis meses en resolver solicitudes simples. “Con esta medida, se puede distribuir de manera más eficiente las cargas de trabajo y los procesos de fiscalización, de revisión o solicitudes administrativas se podrían resolver de manera más rápida”, espera.

Dudas sobre la unidad asignada y legalidad

Para María Soledad Diharasarri, socia del estudio jurídico Palma, la definición genera cierta “incertidumbre” a nivel de contribuyentes, ya que puede generar dudas respecto a cuál es la unidad que les corresponde para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias administrativas. “Si realmente se quiere potenciar la eficiencia en los procesos de fiscalización y control, puede ser más efectivo dividir determinadas unidades y/o reorganizar el territorio en las distintas unidades ya existentes, de forma de equilibrar las cargas de trabajo y, al mismo tiempo, entregar certezas a los contribuyentes, que no verán así afectado sus derechos”, sostiene.

Andrés Ossandón, socio director del Área Tributaria de Arteaga Gorziglia, apunta a inquietudes como los “resguardos que podrían ser aplicados para evitar, por ejemplo, traslados físicos que deban realizarse en el marco de gestiones presenciales ante el SII”.

El socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, expone dudas respecto a la legalidad de la medida, “más allá de la eventual mayor eficiencia” que podría generar en la carga de trabajo de las regionales.

“La Ley Orgánica del SII establece claramente que las direcciones regionales pueden ejercer su actividad fiscalizadora sólo en sus respectivos territorios jurisdiccionales. Evidentemente, algo que está normado por ley no puede ser modificado por una resolución del director nacional del SII (...) Cualquier modificación de lo anterior tendría que ser materia de ley”, opina.

Una visión similar expone el socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga, recordando la creación de la figura del juez tributario durante el período de Javier Etcheberry como titular del SII: “Los objetivos eran de celeridad y eficiencia, pero el resultado fue la declaración de ilegalidad de miles de juicios, que tuvieron que volver a su inicio después de muchos años”, asegura.